Jueces y fiscales de todas las
asociaciones profesionales, conservadores y progresistas, están hartos de la
situación que ha creado la normativa que regula los desahucios por impago de
las hipotecas y han comenzado a denunciar públicamente las malas prácticas que
desarrollan las entidades bancarias y que fuerzan sus actuaciones en un
auténtico drama en el que se ven obligados a intervenir, según informa la
revista jurídica de elEconomista, Iuris & Lex.
Estas manifestaciones llegan cuando los
desahucios realizados por los tribunales desde el inicio de la crisis en 2007
ascienden a 400.000 y tras batirse el récord de operaciones de desalojos en el
mes de junio, con un total de 18.668, según datos facilitados por la Asociación
Hipotecaria Española.
Concentraciones de afectados
La situación ha llevado estos días a que
los afectados por el impago de las hipotecas se concentren ante las entidades
financieras, solicitando soluciones excepcionales ante la difícil situación
generada por la crisis económica.
Otros lo hacen solicitando firmas para
presentar iniciativas populares, como la Plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa,
que registraba el pasado miércoles en la oficina del censo electoral de San
Sebastián las 20.427 firmas reunidas para paralizar los desahucios y lograr la
aceptación por las entidades financieras de las operaciones de dación en pago y
el alquiler social.
La gravedad de la situación ha llevado al
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,a reconocer en el Congreso, ante las
preguntas de los grupos de la oposición, que está dispuesto a adoptar más
medidas para ofrecer una solución alternativa a los desahucios por impago de
los créditos hipotecarios.
En su réplica lamentó los "hechos
verdaderamente dramáticos que han ocurrido en las últimas semanas", en
especial el suicidio del comerciante granadino agobiado por no poder afrontar
los pagos y evitar la expulsión de su vivienda.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, al
responder preguntas de los periodistas sobre la dación en pago, afirmó que
"en los desahucios se debe cumplir la ley aunque suponga un drama para los
afectados y si no nos gusta, modificarla".
También, la portavoz del Grupo Socialista
en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, afirmaba en rueda de prensa
esta pasada semana, que las previsiones del PSOE, indican que al drama que
viven las 400.000 familias desahuciadas, podrían añadirse en los próximos meses
otras 250.000, al tiempo que reconocía que cometieron un error al no aprovechar
el Gobierno de Zapatero para modificar la legislación, "lo que habría
podido evitar el drama a muchas personas que se quedan sin casa. Nos
equivocamos"
El PSOE presentó una proposición de ley en
el Congreso de los Diputados con ideas para evitar el sobreendeudamiento de las
familias y las ejecuciones hipotecarias.
Oficinas recaudatorias
La Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), la mayoritaria del colectivo, ha denunciado públicamente
que los bancos y las aseguradoras están realizando movimientos especulativos
con las hipotecas, ya que paralizan en ocasiones las ejecuciones hipotecarias a
la espera de conseguir un mejor precio para los inmuebles que existen ahora en
una bolsa de embargo y ejecuciones.
Esta semana, la portavoz de la asociación
conservadora de jueces, María Teresa Sáez, ha explicado que la legislación
actual convierte a los juzgados en "oficinas recaudatorias de una entidad
bancaria", al empujar a los magistrados a perseguir al ciudadano
insolvente hasta que abone "definitivamente" la deuda pendiente con
el banco.
Los afiliados a Jueces para la Democracia
han revelado que el problema que plantean muchas de las ejecuciones
hipotecarias es que muchos de los contratos son muy discutibles e incluyen
cláusulas abusivas, que son nulas.
Su portavoz, Joaquim Boch, ha señalado que
magistrados y fiscales entienden que los asuntos que presentan los bancos en
los juzgados -no sólo las ejecuciones hipotecarias- son especialmente
complejos, por este tipo de irregularidades y "en un contexto de grave
sobrecarga en los tribunales, eso significa que los asuntos de los ciudadanos
particulares quedan en un segundo plano, por lo que es conveniente establecer un
orden de prioridades".
De esta forma, proponen la
creación de un turno especial para estos asuntos, pero avisan de que hasta que
eso no sea posible, los relegarán si no se les facilitan recursos para hacerles
frente.
Más lejos han ido los magistrados que
presentaron esta pasada semana al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un
informe en el que proponían una reforma radical del sistema de desahucios y que
las ayudas que reciben las entidades financieras se extiendan a los ciudadanos.
Este organismo ha declinado estudiarlo.
Los magistrados, coordinados por el vocal
del CGPJ Manuel Almenar, son Ángel Galgo Peco, Enrique García García y Pablo
Quecedo Aracil (AP de Madrid), Pilar López Asensio (JPI 6 de Madrid), María del
Mar Hernández Rodríguez (JPI 1 de Santander) y Pedro Luis Viguer Soler
(juez-decano de Valencia).
Una reforma radical
Tras hacer suyos los argumentos de las
sentencias favorables a la dación en pago, proponen un profundo cambio de las
principales normativas procedimentales civiles y penales, así como del Código
Penal. Piden así mismo, que se determine el concepto de deudor hipotecario de
buena fe, como sujeto de aplicación de medidas excepcionales en la materia,
beneficiando con ellas a las ejecuciones hipotecarias en vivienda habitual o locales.
Consideran precisa la modificación de la
ejecución hipotecaria para que "deje de ser un privilegio procesal de los
bancos, reconduciéndolo a las normas generales de la ejecución ordinaria,
aumentando así los motivos de oposición a la ejecución (pago, nulidad o
prescripción), explica Iuris & Lex.
Solicitan el establecimiento de un régimen
especial en el caso de ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales o
locales de negocio, en el sentido postulado por la Oficina del Defensor del
Pueblo, en apoyo de aplicar la dación en pago. Además, se muestran partidarios
de elevar el umbral de exclusión para flexibilizar los requisitos estrictos que
establece el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno, así como
regular de forma obligada en determinadas circunstancias de la dación en pago.
Sobre los intereses moratorios, piden que
se prohiba que superen 2,5 veces al interés legal del dinero en caso de
descubierto. Apuestan por la mediación judicial y proponen limitaciones a la
justicia gratuita y a la actuación del procurador en vistas y juicios o la
supresión de la intervención preceptiva de abogado y procurador en los juicios
de desahucios para agilizarlos y abaratar costes.
¿Dación en pago?
Las sentencias favorables a la dación en
pago, minoritarias hasta ahora en la jurisprudencia española, basan sus
argumentos en que no hay actuación abusiva en la subasta judicial, regulada por
el artículo 671.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero si se tiene en cuenta
el contexto de crisis económica excepcional que rodea estos casos, la postura
del ejecutante se convierte en abusiva y puede dar lugar a un enriquecimiento
injusto de aquél.
Tras repasar las numerosas normas que los
Gobiernos han ido introduciendo sucesivamente en el sistema para ayudar a los
mercados y superar la crisis económica, llegan estos magistrados y jueces a la
conclusión de que la aplicación automática de la regulación de la ejecución
hipotecaria, desconociendo la situación actual de crisis económica excepcional
conllevaría dejar exento de responsabilidad a uno de los partícipes, como es la
entidad financiera, en la causación de dicha situación.
Basan esta acusación en que han valorado
el bien objeto de garantía de manera irreal, y le permitiría a la entidad
adquirir el citado bien por un precio irrisorio y continuar adelante con la
ejecución contra los bienes personales del deudor exigiendo una cantidad
dineraria que rozaría incluso el importe del préstamo concedido.
De permitir esto -consideran estos jueces-
se estaría amparando una operación, si bien más sofisticada y perjudicial para
el sistema económico global como se ha demostrado, que no difiere mucho de la
usura, proscrita por la Ley Azcárate de 23 de julio de 1908.
Otras medidas del Gobierno
Mientras tanto, el Gobierno mantiene en
vigor el Código de Buenas Prácticas Bancarias, que para las entidades es
voluntario y para los usuarios muy selectivo, por el bajo nivel de ingresos
familiares en que se ha situado el umbral de exclusión que permite acogerse a
sus beneficios.
El ministro de Economía, Luis de Guindos,
ha anunciado que en los próximos días facilitará los datos logrados a través de
este mecanismo, que permite la reducción de las cantidades adeudadas en un 25
por ciento y en los casos más extremos, la dación en pago.
Por otra parte, el Ejecutivo prepara un
nuevo sistema de subasta de inmuebles extrajudicial, puesto que el actual
permite que las entidades bancarias puedan quedarse con las segundas viviendas,
locales de negocio y terrenos por una cantidad irrisoria, ya que en los casos
en que no haya postores, la tercera subasta se hace sin marcar un porcentaje
mínimo sobre el valor de tasación del inmueble, lo que en teoría podría llevar
a adquisiciones por un sólo euro, destaca la revista jurídica Iuris & Lex.
El problema para la banca es que en muchas
ocasiones la adquisición de viviendas en las subastas judiciales conlleva
gastos, que disminuyen los beneficios bancarios.
Cuando en un contrato de préstamo
hipotecario se incluya la subasta notarial, el titular de la hipoteca y la
entidad financiera deberán pactar y hacer constar el porcentaje mínimo sobre el
valor que se admitirá la tercera subasta por falta de compradores. Si el tipo
de la subasta no estuviese contractualmente establecido, será fijado por perito
oficial.
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