Hacienda planea
reformas para endurecer las prejubilaciones
El programa presupuestario 2013-2014 que el Gobierno
de Mariano Rajoy remitió el pasado viernes a Bruselas para garantizar su compromiso con el ahorro de
gasto en todas las administraciones públicas y el aumento de ingresos vía
impuestos -estima un ajuste de 102.000 millones de euros desde ahora hasta
final de 2014- prevé acometer reformas legales que afectarán a la edad real de
jubilación en España, principalmente restringiendo el acceso a las jubilaciones
anticipadas y a las jubilaciones parciales. También se pretende adelantar la
entrada en vigor de los principales parámetros del sistema (edad legal de jubilación,
periodo de cómputo o sistema de revalorización), ahora previsto para 2027.
Detalla el informe presupuestario que el Gobierno
modificará la normativa de acceso a la jubilación parcial “con el fin de evitar
un uso inadecuado de la misma, puesto que en muchos casos ha venido a sustituir
a la jubilación anticipada y, además, el coste recae en su totalidad sobre la
Seguridad Social”. Dicha modificación, explica el documento, “podría
articularse, igualmente en base a lo acordado en el Pacto de Toledo, a través
de la modificación de la edad de acceso, el porcentaje mínimo de jornada laboral
o los coeficientes reductores por anticipo de la edad de jubilación a la
pensión parcial reconocida, entre otros”.
El
gasto en pensiones es la principal partida del presupuesto español.
Este año serán unos 120.000 millones de euros, en torno al 25% de todo el gasto
y más del 10% del PIB del país. En el futuro irá a más, solo las prestaciones
contributivas supondrán a mitad de este siglo en torno al 15% del PIB, según
diversos estudios, por la llegada a la edad del retiro de la generación del
baby boom, los nacidos en los años sesenta del siglo pasado. Eso impulsó una
profunda reforma de pensiones hace apenas un año y medio. El Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero abordó en su etapa final una reforma de enorme impacto
social que elevó la edad de jubilación de 65 a 67 años.
CiU fue el único grupo parlamentario que apoyó aquella
reforma del sistema de pensiones; el PNV se abstuvo y el PP, junto a los grupos
de izquierda, votó en contra. Los portavoces populares argumentaron entonces
que la reforma del sistema de pensiones era “inoportuna, desorientada,
imprecisa e incoherente”; censuraron al Gobierno por modificar “de emergencia y
con prisas” una norma tan importante; y auguraron que endurecer el sistema de
protección social lo convertiría en un sistema “más injusto”, pues conllevaría
pérdidas económicas incluso trabajando más años.
Ahora,
el PP no solo se conforma con aquella reforma del Gobierno socialista sino que
promete a las autoridades europeas una nueva vuelta de tuerca para conseguir
que los trabajadores españoles su jubilen más tarde.
La
edad efectiva de jubilación en España -la edad media a la que el trabajador se retira definitivamente del
mercado laboral- está en torno a dos por debajo de la edad legal. Cuando Zapatero
abordó su reforma en 2010, los españoles se jubilaban de media a los 63,5 años
(una de las más altas de Europa), 18 meses antes de la edad legal, que era de
65.
Ahora,
el Gobierno de Mariano Rajoy pretende estrechar más ese margen y promete
en el documento enviado a Bruselas “elevar
la edad efectiva de jubilación y que se aproxime lo más posible a la edad
legal”.
Para
conseguirlo, el Ejecutivo español asegura a las autoridades europeas que
introducirá “una modificación de la jubilación anticipada de modo que facilite
la sostenibilidad del sistema de pensiones, operando, según se acuerde en el
seno del Pacto de Toledo [la comisión del
Congreso de los Diputados donde se trata de pensiones], sobre factores tales
como los coeficientes reductores por anticipo de la edad de jubilación o la
edad de acceso a la jubilación anticipada, entre otros”.
Tras
la última reforma, el retiro anticipado está fijado en los 63 años y, de forma
excepcional (ante despidos colectivos o crisis empresariales), en los 61. El
Gobierno no explica cómo piensa hacerlo. Fuentes sindicales, tras
conversaciones con responsables de la Seguridad Social, creen que lo que
pretende el Gobierno es acabar con la jubilación anticipada excepcional a los
61 años.
También
detalla el informe presupuestario que el Gobierno modificará la normativa de
acceso a la jubilación parcial “con el fin de evitar un uso inadecuado de la misma,
puesto que en muchos casos ha venido a sustituir a la jubilación anticipada y,
además, el coste recae en su totalidad sobre la Seguridad Social”. Dicha
modificación, explica el documento, “podría articularse, igualmente en base a
lo acordado en el Pacto de Toledo, a través de la modificación de la edad de
acceso, el porcentaje mínimo de jornada laboral o los coeficientes reductores
por anticipo de la edad de jubilación a la pensión parcial reconocida, entre
otros”.
El
equipo de Rajoy quiere aprobar un “factor de sostenibilidad” del sistema de
pensiones que permita revisar los parámetros fundamentales del sistema de la
jubilación “en función de la evolución de la esperanza de vida”. Ese factor de
sostenibilidad tendrá efectos “bien sobre la edad de jubilación, bien sobre la
cuantía inicial de la pensión, bien sobre las condiciones de revalorización”.
Habrá que estar a la espera para ver si nos afecta al nuevo convenio colectivo, y cómo nos puede afectar. El tiempo dirá.
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